El día en que Sebastián Piñera habló de los “cómplices pasivos” de la dictadura
Era el final del invierno de 2013 y septiembre se aproximaba con el peso de los aniversarios redondos. Cuarenta años habían pasado desde el golpe de Estado, pero Chile volvía a mirar las imágenes del 11 de septiembre de 1973 como si el humo todavía escapara por las ventanas de La Moneda.
Los canales de televisión preparaban documentales. Los diarios reconstruían las horas previas al bombardeo. Antiguos protagonistas regresaban a las pantallas y el país volvía a escuchar relatos sobre prisioneros, centros de tortura, cuerpos arrojados al mar y detenidos desaparecidos.
Sebastián Piñera gobernaba Chile. Era el primer Presidente de derecha elegido democráticamente después del fin de la dictadura y ocupaba La Moneda con una biografía política que siempre lo había situado en una posición incómoda frente al pinochetismo.
Había rechazado la Constitución de 1980 en el Teatro Caupolicán y votado por el No en el plebiscito de 1988, cuando buena parte de su sector apoyaba la continuidad de Augusto Pinochet. Sin embargo, encabezaba una coalición en la que todavía convivían dirigentes que habían participado en el régimen militar, colaborado con él o defendido públicamente su legado.
Fue en ese escenario cuando pronunció dos palabras que atravesaron como una corriente eléctrica a la derecha chilena:
“Cómplices pasivos”.
La entrevista sin cortafuegos
Unas semanas antes del cuadragésimo aniversario del golpe, Piñera recibió a un equipo de La Tercera para una entrevista. La conversación tenía una particularidad: a diferencia de otros encuentros con la prensa, no estaba presente su jefa de comunicaciones.
El Presidente quería hablar sin que alguien intentara contenerlo. Sabía que sus palabras podían generar consecuencias. Y las generaron.
Al abordar las violaciones de los derechos humanos, Piñera afirmó que la responsabilidad no podía limitarse a quienes habían ejecutado materialmente los crímenes.
“Hubo muchos que fueron cómplices pasivos: que sabían y no hicieron nada o no quisieron saber”, declaró.
La frase abrió una categoría política y moral que hasta entonces ningún Presidente proveniente de la derecha había formulado con semejante claridad. No se refería únicamente a quienes torturaron, asesinaron o hicieron desaparecer personas. Tampoco solo a quienes impartieron las órdenes.
Piñera apuntaba hacia una zona más amplia y difusa: autoridades, funcionarios, jueces, civiles y personas influyentes que conocieron los abusos, dispusieron de antecedentes o tuvieron la posibilidad de denunciar, pero eligieron el silencio. También incorporaba a quienes prefirieron no formular preguntas para no verse obligados a escuchar las respuestas.
La afirmación estremeció al oficialismo. Carlos Larraín, entonces presidente de Renovación Nacional, reconoció que las palabras resultaban “antipáticas” para numerosos colaboradores del Gobierno y militantes del sector. El presidente de la UDI, Patricio Melero, advirtió que sería un error ofrecer una visión sesgada del pasado. La inquietud se trasladó rápidamente a La Moneda.
Piñera había tocado un nervio todavía expuesto.
La responsabilidad de quienes callaron
La expresión no tenía consecuencias penales. No pretendía equiparar jurídicamente a quien disparó con quien permaneció en silencio. Su alcance era político y moral.
El 9 de septiembre de 2013, durante el acto oficial organizado en la Plaza de la Constitución, Piñera no repitió literalmente el concepto. Sin embargo, desarrolló su significado.
Sostuvo que la responsabilidad penal recaía sobre quienes ordenaron o cometieron las violaciones de los derechos humanos, pero advirtió que esa explicación era insuficiente para comprender todo lo sucedido.
También tenían responsabilidades políticas o morales, planteó, quienes promovieron la intolerancia y la violencia antes del quiebre democrático; quienes ocuparon altos cargos durante la dictadura, y quienes, debido a su investidura o influencia, conocieron los abusos y no levantaron la voz para impedirlos.
Algunos subordinaron los principios a sus intereses. Otros sucumbieron al miedo.
La distinción era importante. Piñera no sostenía que toda persona que hubiera trabajado para el régimen fuera criminal ni que quedara inhabilitada para ejercer responsabilidades públicas. De hecho, aclaró que haber colaborado de buena fe con el gobierno militar no constituía por sí solo una descalificación.
La acusación estaba dirigida hacia quienes, teniendo poder, información o influencia, renunciaron a utilizarlos cuando todavía podían ayudar a una víctima, denunciar un crimen o impedir un abuso.
El silencio de los tribunales
La frase inevitablemente alcanzó al Poder Judicial.
Durante la dictadura, los tribunales rechazaron miles de recursos de amparo presentados por familiares que buscaban a personas detenidas. En numerosos casos aceptaron las explicaciones de las autoridades militares, aunque los detenidos permanecieran desaparecidos y sus familias recorrieran cuarteles, cárceles, hospitales y morgues.
Piñera también cuestionó el comportamiento de sectores de la prensa que silenciaron los crímenes, reprodujeron versiones oficiales o ayudaron a construir relatos destinados a encubrirlos.
La expresión “cómplices pasivos” contenía, por eso, una acusación incómoda. La dictadura no había funcionado solamente gracias a los organismos represivos. También necesitó oficinas que tramitaran, tribunales que no vieran, medios que no preguntaran y civiles que conservaran la normalidad mientras otros desaparecían.
No todos conocían la magnitud del horror. Pero algunos sabían. Otros sospechaban. Y hubo quienes decidieron que era mejor no saber.
La derecha contra su Presidente
Las declaraciones de Piñera alteraron además la campaña presidencial de 2013. La candidata oficialista era Evelyn Matthei, hija del general Fernando Matthei, integrante de la Junta Militar y partidaria del Sí en el plebiscito de 1988.
Mientras Piñera buscaba marcar una distancia moral con la dictadura, dirigentes de la UDI y RN temían que esa revisión histórica debilitara a su propia candidata. La conmemoración se convirtió así en una disputa electoral dentro de la derecha.
Matthei rechazó la idea de pedir perdón por lo ocurrido, argumentando que tenía 20 años al momento del golpe. Desde el oficialismo surgieron críticas contra Piñera por abrir una discusión que golpeaba directamente a su coalición.
En la oposición, las reacciones también fueron contradictorias.
El Partido Socialista valoró que un mandatario de derecha reconociera la responsabilidad civil, judicial y periodística durante la dictadura, pero emplazó a Piñera a identificar a las personas a las que aludía. Osvaldo Andrade pidió que revelara quiénes eran aquellos que sabían y aún no entregaban sus antecedentes. Los socialistas calificaron la declaración como el mayor reconocimiento realizado hasta ese momento por una figura de derecha sobre lo sucedido, aunque reprocharon que no fuera acompañada de acciones suficientes. El emplazamiento fue formulado públicamente pocos días después.
El presidente del PPD, Jaime Quintana, puso en duda la sinceridad del mandatario y sostuvo que la expresión buscaba provocar un efecto político dentro de la Alianza. La discusión continuó incluso después de las conmemoraciones.
Contreras y el cierre de Penal Cordillera
Mientras Chile discutía sobre memoria y responsabilidades, el exjefe de la DINA Manuel Contreras concedió una entrevista televisiva desde Penal Cordillera.
El antiguo jefe del aparato represivo negó una vez más los crímenes de la dictadura y exhibió las condiciones privilegiadas en las que cumplía sus condenas. En un momento de la conversación, al ser consultado por el gendarme que aparecía detrás suyo, respondió que estaba allí para sostenerle el bastón.
La escena indignó a Piñera.
El recinto albergaba a diez militares condenados y contaba con 38 gendarmes. Dieciséis días después de la entrevista, el Presidente anunció su cierre y ordenó trasladar a los internos a Punta Peuco. La decisión se fundamentó en la igualdad ante la ley, la seguridad y el uso eficiente de los recursos de Gendarmería. El episodio terminó convirtiéndose en otro símbolo de aquel aniversario.
La madrugada del traslado, el general retirado Odlanier Mena se suicidó. El cierre de Cordillera volvió a tensionar al Gobierno y a su coalición, pero Piñera mantuvo la medida.
Ese septiembre, el mandatario había cruzado dos límites que durante años parecieron intocables para un Presidente de derecha: reconoció públicamente la responsabilidad de quienes callaron ante los crímenes y terminó con una cárcel especial que simbolizaba los privilegios de antiguos jerarcas de la dictadura.
Una frase que sobrevivió a Piñera
Sebastián Piñera murió el 6 de febrero de 2024, cuando el helicóptero que pilotaba cayó en el lago Ranco. Sin embargo, la expresión pronunciada once años antes quedó incorporada al vocabulario político chileno.
Sus adversarios la utilizaron para exigir más verdad y justicia. Sus partidarios la invocaron como prueba de su distancia con el pinochetismo. Otros la consideraron incompleta, tardía o políticamente calculada.
Pero la frase permaneció.
Incluso el entonces Presidente Gabriel Boric reconoció en 2023 la valentía de Piñera al hablar de los “cómplices pasivos” y contrastó ese gesto con el resurgimiento de voces que justificaban abiertamente el golpe de Estado. La declaración volvió a adquirir relevancia durante la conmemoración de los 50 años.
La importancia histórica de aquellas palabras no reside en haber resuelto la discusión sobre las responsabilidades de la dictadura. No la resolvieron. Tampoco lograron que quienes conservaban información rompieran necesariamente su silencio.
Su fuerza estuvo en otro lugar.
Por primera vez desde la Presidencia y desde la propia derecha, alguien afirmó que frente al horror no siempre basta con decir que uno no participó. Hay momentos en que mirar hacia otro lado, negarse a preguntar o guardar silencio también constituye una decisión.
A 53 años del golpe de Estado, la pregunta continúa abierta: ¿cuánto de la violencia de una dictadura pertenece a quienes la ejecutan y cuánto a quienes, pudiendo impedirla, denunciarla o al menos nombrarla, eligen no hacerlo?
Piñera entregó su respuesta en 2013.
Los llamó “cómplices pasivos”.
Esta noticia aparece primero en: El Periodista
